Asesoría jurídica/Número 82

La nueva Ley de Distribución de Seguros

Por Alfredo Barber, Abogado. Beneyto Despacho Jurídico

Un ejemplo más de la constante búsqueda de la protección del consumidor lo encontramos en la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la distribución de seguros (conocida como IDD), cuya entrada en vigor se produjo el pasado 23 de febrero de 2016.

Es importante saber que esta norma comunitaria deberá ser integrada en los Estados Miembros de la UE “a más tardar el 23 de febrero de 218” (según reza su art. 42 “Transposición al Derecho nacional”) y que, mediante la promulgación de la nueva Ley de Distribución de Seguros en nuestro ordenamiento jurídico, quedará derogada la vigente Ley 26/2006 de mediación de seguros.

Por tanto, ya no sólo el mundo bancario (con la Directiva 2014/17/UE, cuya finalidad es acabar con los excesos hipotecarios, o incluso la Directiva 2014/92/UE, con la que se persigue una mayor transparencia y comparabilidad de las comisiones aplicadas a los consumidores en las cuentas de pago) sino también el ámbito del seguro, inevitablemente va a ver afectado su actividad, exigiéndose una mayor formación de los profesionales del sector y mayor información de cara al consumidor.

Tras analizar el último borrador del anteproyecto de la Ley de distribución de Seguros facilitado por la DGSFP (¡tengan en cuenta que ya van dos borradores en lo que va de año 2017!), diversas son las novedades de entre las que hemos querido destacar a grandes rasgos, para el interés de su profesión, las siguientes:

Cabe empezar resaltando que, pese a tratarse de un documento no definitivo, ostenta de gran importancia por cuanto marcará en gran medida el devenir del texto final de la norma.

Siguiendo las pautas establecidas por la Directiva, la nueva Ley amplía el ámbito de aplicación a todos los canales de distribución de seguros; abarcando tanto a los mediadores de seguros (incluidos los operadores de banca-seguros) y a las compañías aseguradoras, como a los demás participantes en el sector que distribuyen productos de seguros con carácter auxiliar.

En este sentido resulta relevante la introducción de nuevos actores en la distribución de seguros, como la figura del “mediador de seguros complementarios” (agencias de viajes o empresas de alquiler de automóviles) y la inclusión de los comúnmente conocidos como “comparadores de seguros”.

La nueva Ley de distribución de seguros regula dos clases de mediadores de seguros claramente diferenciados: los agentes de seguros, como intermediarios dependientes de las compañías, y los corredores de seguros. Sobre el colaborador externo, indicar que se mantiene esta figura en los mismos términos, bajo la dirección y responsabilidad del mediador, y siempre que el colaborador realice actividades propias del ámbito del seguro.

Si bien la actual Ley de mediación introdujo la figura del agente vinculado como una nueva forma de mediación, en la futura Ley de distribución desaparece este término denominándose únicamente agentes de seguros. Las figuras de agente exclusivo y agente vinculado parecen refundirse en un único régimen de incompatibilidades y de Responsabilidad Civil Profesional, en el que la compañía responderá de su actuación (salvo que la empresa cubra toda responsabilidad será aconsejable tener un seguro de para los casos de negligencia).

Así mismo se establece la posibilidad de que el agente de seguros contrate en exclusiva con la entidad aseguradora o pueda operar para varias, denominándose respectivamente agente de seguros en régimen de exclusividad o de no exclusividad.

Sobre los corredores de seguros la nueva Ley parece respetar el régimen previsto en la Ley 26/2006, resaltando su independencia respecto de las compañías, por la necesidad de prestar al cliente un asesoramiento objetivo y personal sobre los productos disponibles en el mercado.

Como les adelantábamos, una de las principales novedades la encontramos en una mayor exhaustividad en la información proporcionada por parte de los distribuidores de seguros los cuales, antes de la celebración del contrato de seguro, deberán facilitar al cliente información del propio distribuidor y del producto distribuido.

Consecuencia de lo anterior, el abanico de requisitos en cuanto a información se amplía para todos los mediadores de seguros sin excepción. No solo deberán informar al consumidor sobre su situación profesional (identidad, condición de mediador, registro y medios para comprobarlo, los procedimientos de queja y reclamaciones, si representa al cliente o actúa en nombre y por cuenta de la compañía, etc.) sino también sobre la naturaleza de la remuneración que perciben. Dicha información deberá proporcionarse de forma clara y precisa, atendiendo al perfil del consumidor y a la complejidad del producto, de modo que el cliente la comprenda y pueda tomar una decisión debidamente fundada.

Con respecto a los contratos de seguro distintos del seguro de vida, previamente se entregará un documento normalizado de información previa, en papel o en otro soporte duradero, cuyo contenido sea elaborado de la forma más compresible para el cliente.

Particularmente, en los contratos de seguros con componente de inversión, se extreman los requisitos de información a suministrar al cliente. Se busca evitar o prevenir los conflictos de intereses que puedan surgir entre el mediador y la compañía, debiendo adoptar para ello medidas organizativas eficaces en defensa de los intereses del propio cliente.

Independientemente del distribuidor que los comercialice, se ofrecerá a los clientes de estos productos de inversión: orientaciones y advertencias sobre los riesgos conexos a dichos productos; información sobre costes y gastos asociados, revisiones periódicas y, en su caso, un análisis de idoneidad, garantizando de esta forma la adecuación del producto al cliente. Además, si el distribuidor de seguros considera que el producto no es adecuado para el cliente, deberán advertirle de tal circunstancia.

Con ello se pretende evitar los problemas que últimamente ha causado el sector bancario, garantizando así que las personas que adquieran seguros de Vida ahorro cumplen el perfil para el tipo de producto que se les ofrece y queden perfecta y totalmente informadas sobre las condiciones contratadas.

Por otro lado cabe destacar el endurecimiento del régimen sancionador, fijándose unas sanciones económicas más elevadas, en atención a unos criterios de graduación.

Finalmente, siguiendo las directrices que marca la directiva europea, el citado borrador anexa una serie de requisitos mínimos de conocimiento profesional que evidencian un alto nivel de formación, en consonancia con la clase de distribuidor de seguro, el producto ofrecido y la complejidad de sus actividades. En este sentido les adelantamos la elaboración de un reglamento que desarrollará la nueva Ley.

En definitiva, entendiendo que la modificación legislativa en este mercado tiene como máxima prioridad el cuidado y protección del cliente (a través de principios como la honestidad, equidad y una mayor profesionalidad de los diferentes distribuidores), sumado a que cualquier persona (física o jurídica y de la profesión que sea) puede encontrarse en la condición de cliente o consumidor en este sector, indudablemente será un cambio favorable para todos.

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