Asesoría jurídica/Número 78

Los ocho primeros meses de aplicación del nuevo baremo en accidentes de circulación

Por Ignacio Beneyto, Beneyto Abogados

Han transcurrido ya más de ocho meses de la entrada en vigor el 1 de enero de 2016, de la ley 35/2015 que supuso la actualización del baremo para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en los accidentes de circulación. Dicha actualización era totalmente necesaria, tanto porque el anterior sistema de valoración venía del año 1995, habiendo quedado desfasado, como para adaptarnos a las cuantías indemnizatorias de la mayoría de países europeos. Esta reforma ha tenido como principal objetivo la correcta adecuación entre la indemnización y las circunstancias personales de la víctima y los perjudicados.

Los cambios han sido importantes tanto en la forma como en las cuantías, reforma que ha coincidido con la despenalización de las faltas. Con anterioridad, el lesionado acudía, mediante una simple denuncia, en la que no era siquiera necesaria la intervención de letrado ni procurador, a un procedimiento en el que el médico forense (médico imparcial de la Administración de Justicia y que, por tanto, los Jueces aceptaban con los ojos cerrados) evaluaba gratuitamente sus lesiones siendo muy simple la cuantificación de las lesiones.

Sin embargo, ahora, si bien es cierto que se han mejorado considerablemente las cuantías indemnizatorias para los grandes lesionados supone la reforma un retroceso para la mayoría de los lesionados, los de menor gravedad, tal y como se ha ido comprobando en estos seis primeros meses de vigencia.

Se pretende primar con la reforma la resolución extrajudicial de las cuantías indemnizatorias, sin necesidad de acudir a los Tribunales. Si bien resulta loable este objetivo, la forma en que se ha enfocado está siendo utilizada en la práctica por algunas compañías aseguradoras para reducir o eliminar las reclamaciones de los lesionados leves.

Así, se exige para la admisión de la demanda que conste la reclamación previa a la compañía. De lo contrario no se admite la demanda. Es más, algunos Juzgados exigen que se aporte la respuesta o la oferta motivada que están obligadas las aseguradoras a realizar en el plazo de tres meses, lo que viene a dejar en manos de las mismas los tiempos en la indemnización de los perjuicios.

La compañía aseguradora deberá emitir en el plazo de 3 meses oferta o respuesta motivada, que de producirse, si el accidentado no está de acuerdo, podrá pedir un médico forense, que pagará la entidad aseguradora, o acudir a un perito médico privado. Es decir, que si no hay oferta ni respuesta motivada no se puede solicitar la intervención del médico forense, debiendo costear el lesionado un informe médico de valoración, requisito ahora imprescindible para poder interponer la demanda.

Otra perversión del sistema es que se está comprobando que determinadas compañías están recurriendo de forma abusiva a la “inexistencia de nexo causal”, es decir, que no pagan indemnización alguna alegando que las lesiones no tienen relación con el accidente y, por tanto, el lesionado debe acudir necesariamente a un médico privado y a un letrado particular para poder reclamar judicialmente. Ni siquiera le permite el sistema acudir al médico forense.

Aún en el supuesto que se emita informe de valoración por el médico forense o por perito, será remitido a la aseguradora, pudiendo mejorar la oferta o ratificarse en la misma. Si no hay acuerdo el accidentado podrá optar entre acudir a un sistema de mediación (siempre y cuando ambas partes acepten someterse, sistema que no está teniendo demasiado éxito) o interponer demanda.

Con respecto a la posible retroactividad de la nueva baremación a supuestos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor, la Ley 30/2015 establece claramente en su Disposición transitoria única que los accidentes de circulación ocurridos con anterioridad se regirán por lo que al respecto estableciera la disposición adicional octava de la Ley 30/1995.

Siendo de interés también sobre este punto el artículo 40.1 que fija la cuantía de las partidas resarcitorias a la correspondiente a los importes del sistema de valoración vigente a la fecha del accidente.

En principio, el sistema de valoración se aplica en exclusiva, conforme determina la Ley, a la valoración de los accidentes de circulación. Sin embargo, lo lógico es que se aplique como método orientativo para el cálculo de otros tipos de siniestros, como pueden ser los casos de mala praxis médica, accidentes de trabajo, responsabilidad extracontractual de la empresa…

Otra de las consecuencias de las modificaciones en todo el sistema es la eliminación en la mayoría de supuestos del auto de cuantía máxima. Con anterioridad, cuando se archivaba el procedimiento penal o se dictaba sentencia absolutoria (bien por atipicidad de las lesiones, por no quedar acreditada la responsabilidad, por prescripción…) el lesionado podía solicitar se emitiera el Auto de cuantía máxima, que le permitía acudir al procedimiento de ejecución de la vía civil contra la aseguradora responsable. Las compañías aseguradoras con estos procedimientos tendían a alcanzar acuerdos dado que los motivos de oposición que legalmente podían utilizar eran muy reducidos y, por tanto, los riesgos de condena con costas e intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro muy altos.

Por tanto, si bien aparentemente se han incrementado las cuantías indemnizatorias para los grandes lesionados también es verdad que la reforma ha beneficiado a las compañías aseguradoras, perjudicando al lesionado leve. De algún sitio tenía que salir el dinero.

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