Número 77

La colaboración público-privada en la sanidad valenciana, en la cuerda floja

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El cambio de signo político en la Generalitat Valenciana ha derivado, como consecuencia principal en la gestión sanitaria, en un giro de 180 grados en lo que se refiere a la colaboración entre la Administración y los operadores privados, como el denominado Modelo Alzira, por ser el Hospital de la Ribera el primero de una serie de centros de titularidad pública pero gestionados por empresas y consorcios de índole privado.

Aunque desde el primer día las declaraciones de intenciones de los responsables políticos fueron claras y contundentes en este sentido, la intervención de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ del pasado mes de mayo fueron muy explícitas en este sentido. Montón afirmó que a final de la legislatura los hospitales de Ribera Salud (en Alzira) y Marina Salud (en Dénia), que ahora son de concesión privada, retornarán al sistema público de salud.

Para “controlar” todo lo referente a las privatizaciones, concesiones y conciertos Sanidad ha creado la Dirección General de Alta Inspección y, según destacó Montón, su consejería ya ha dado cuenta de todas las auditorías de infraestructuras, de inversiones financieras, de calidad que se han puesto en marcha desde la Generalitat Valenciana.

Según reveló Montón, Sanitat trabaja en “las auditorías de las concesiones administrativas sanitarias y el estudio de las vías adecuadas que nos permitan la reversión completa” en las que trabajan también la consejería de Hacienda a través de la Intervención general de la Generalitat y la Sindicatura de Cuentas.

El Consell, señaló, “está retornando la sanidad a lo público” y “si todo va bien, terminaremos la legislatura con la reversión de dos departamentos de salud”, en concreto los hospitales de Ribera Salud y Marina Salud, ubicados en las localidades de Alzira y Dénia. Para el de Alzira, según la Consellera, “no se renovará el contrato” y en el caso del de departamento de Dénia “volverá a la gestión pública”.

En el caso de Ribera Salud, Montón explicó que está “en conversaciones” con los accionistas mayoritarios, Centene Corporation y el Banc de Sabadell, “esperanzados de que todo vaya bien” y “que podamos recuperar ese control público de ese departamento de salud”. Montón defendió que su departamento está obligado a “hacer lo más posible con nuestros propios medios” para ser más eficientes y que la gestión privada debe tener en Sanidad un papel “complementario”, buscando para el paciente colaboración para aquello a lo que no pueda llegar la gestión directa de la sanidad pública, “pero no al revés”.

Las cifras reflejan que la sanidad privada atiende aproximadamente a 9,3 millones de personas, una quinta parte de la población española, compuesta por 7,4 millones que mantienen de forma voluntaria un doble aseguramiento y por cerca de 2 millones de funcionarios de la administración del Estado que eligen año tras año la sanidad privada a través del modelo de mutualismo administrativo. Asimismo, ofrece cobertura sanitaria a otros segmentos poblacionales por medio de los diferentes modelos de colaboración existentes tales como los conciertos o los propios modelos concesionales.

Todas ellas son cifras puestas de manifiesto por el Estudio RESA (Indicadores de Resultados en Salud de la Sanidad Privada), uno de los observatorios nacionales e internacionales más consolidados que documentan resultados de salud, que defiende las bondades de la colaboración público privada, aportando conclusiones como el de las listas de espera, que en el caso de los centros públicos con gestión privada aproximan sus cifras a los netamente privados “por su gestión flexible”.

En otros ámbitos las empresas del sector ya se han pronunciado de manera clara. Así, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) trasladó al Conseller de Economía D. Rafael Climent la necesidad de potenciar una colaboración público-privada eficaz porque, según D. José María Toro, Director General de AERTE, “es una colaboración posible porque es viable económicamente y sostenible para el sistema, además de ser clave para atender un gran número de personas que necesitan atención socionsanitaria profesional. Volumen que se incrementará con creces en los próximos años por el aumento del envejecimiento de la población”.

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