Asesoría jurídica/Número 77

Entrada en vigor de la reclamación previa a la aseguradora introducida por la Ley 35/2015

Joaquin_MompoPor Joaquin Mompó, Letrado Asesor CMSA, CMSC y CMSM

Si existía alguna duda respecto a qué accidentes debía aplicarse la Ley 35/2015 de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (LRCSCVM), cuestión objeto de interesantes debates doctrinales en los foros jurídicos especializados en el Derecho del Seguro, en concreto en cuanto a la obligación de reclamación previa a las compañías aseguradoras y por extensión también respecto al debatido “nuevo baremo”, las Audiencias Provinciales van clarificando el tema que extrañamente no lo estaba, fundamentalmente si atendemos al principio general de Derecho conocido como principio de “irretroactividad de la Ley”.

Ciertamente, la indeterminación y necesaria interpretación jurídica viene provocada por una incorrecta redacción de la Ley por parte del legislador, traída a su vez de manera forzada y por procedimientos de urgencia técnicamente poco correctos y recomendables, pero utilizados con harta frecuencia, como es, entre otros, el introducir modificaciones de una Ley, vía otra Ley, esta vez y en cuanto a lo que nos ocupa, de carácter procesal a través del artículo 7 de la LRCSCVM

Así pues la reclamación previa a la aseguradora, antes potestativa, se introduce como requisito previo obligatorio por la mencionada Ley 35/2015, que reforma el Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (R.D. legislativo 8/2004, de 29 de octubre)

En concreto el mencionado artículo 7.1 en su párrafo tercero establece: “No obstante, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, deberán (el perjudicado o sus herederos) comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda. Esta reclamación extrajudicial contendrá la identificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño”.

Pero el legislador se olvidó determinar la entrada en vigor del mismo y tengamos en cuenta que la acción directa para exigir previamente al asegurador la satisfacción de los referidos daños, “prescribirá por el transcurso de un año”. (Art. 7.1, párr. 2º) y que “Esta reclamación interrumpirá el cómputo del plazo de prescripción desde el momento en que se presente al asegurador obligado a satisfacer el importe de los daños sufridos al perjudicado. Tal interrupción se prolongará hasta la notificación fehaciente al perjudicado de la oferta o respuesta motivada definitiva”.

Y por último, que la oferta de la aseguradora, que además, para que sea válida debe cumplir los requisitos exigidos y determinados en la propia Ley, puede emitirse en el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, tanto si se trata de daños personales como en los bienes (Art. 7.2 Ley 35/2015)

La confusión, las dudas sobre a qué siniestros era de aplicación la obligación de reclamación previa por parte del asegurado a su aseguradora si a todos aquellos cuyos procedimientos se hubieran iniciado a partir del 1 de enero de 2006 o a los accidentes de tráfico ocurridos a partir de dicha fecha, estaba servida y por tanto también respecto a las prescripciones devenidas o a punto de devenir e interrupciones de éstas.

Bien, pues ejercitando su oficio tanto abogados, como especialmente jueces, es ahora cuando a estos últimos les toca clarificar esta cuestión. Y al respecto es clarificador el reciente Auto de la Audiencia Provincial de Gerona de fecha 20 de mayo de 2016, que sigue el criterio de la Audiencia Provincial de Álava (Auto de fecha 3 de mayo de 2016)

Ambas Audiencias Provinciales mantienen unidad de criterio al establecer que la Ley 35/2015 y en concreto las normas procesales establecidas en su artículo 7, referidas a la inadmisión de las demandas que no justifiquen la reclamación previa a la aseguradora, sólo se aplicarán a los accidentes ocurridos a partir del 1 de enero de 2016.

Como es lógico atendiendo a la justicia material y no a la formal no cabía otra respuesta.

Dicho Auto, cuya ponente ha sido la Magistrada Dª Núria Lefort Ruiz, es eminentemente finalista y encuentra su soporte legal básico en que la reforma parte de la necesidad de incrementar la protección a las victimas mediante la garantía de una indemnización suficiente. Esta afirmación la encuentra en la exposición de motivos de la reiterada Ley 35/2015. Igualmente con dicha finalidad, se establece el nuevo Baremo “mejorar la protección a las victimas de accidentes de tráfico, en las que hay que enmarcar la norma procesal”.

La Magistrada Ponente partiendo del espíritu de la Ley, aplica lo dispuesto en el articulo 2 de la LEC que establece que las normas procesales nunca tendrán carácter retroactivo, para enlazarlo con la disposición transitoria 4ª del Código Civil, en virtud del cual, la parte actora puede optar entre la norma anterior o la vigente, para concluir que “no tiene sentido exigir, cuando el accidente al que se refiere la demanda hubiere ocurrido antes del 1 de Enero de 2016, que se acompañe a la demanda la reclamación previa…”.

El Auto de la AP de Alava de fecha 3 de mayo de 2016, (http://accigest.com/wp- content/uploads/2016/05/auto_63_16_2016.pdf, para el que tenga interés en conocerlo) es demoledor. Su ponente el Magistrado D. Edmundo Rodriguez Achútegui. Dada la limitación de espacio, no podemos comentar la extensa batería de certeros argumentos legales que plasma dicho Auto. El mismo concluye que tanto la Ley 35/2015, como el RD 1148/2015 son de aplicación a accidentes ocurridos a partir del 1 de Enero de 2016.

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