Número 76

El riesgo penal del mediador, a debate en Forinvest 2016

IMG_2252 Riesgo penal del Mediador

El Comisario D. Alfredo Garrido, el detective privado D. Pablo López, el abogado y Defensor del Cliente D. José Vicente Gómez Tejedor y los docentes Dña. María Luisa Atienza y D. Juan Bataller formaron el panel de expertos en Forinvest que se encargaron de comentar los riesgos penales de la mediación en una interesante mesa con amplia participación del público.

El debate, presentado y moderado por el Corredor de Seguros D. Juan Fort, enumeró casos típicos de fraude y estafa, tanto por parte única del usuario como con ayuda más o menos decisiva de los mediadores, aunque dejó claro que en la Comunidad Valenciana estos últimos bordean la excepcionalidad. Además se valoraron las mediaciones extrajudiciales, tomando como modelo países como Alemania o el sector del automóvil, y se explicaron las dudas legales sobre la reciente cobertura aseguradora de las sanciones administrativas.

“Es muy habitual encontrarse en nuestras oficinas con denuncias falsas luego repercuten económicamente sobre las aseguradoras”, relató el Comisario Garrido, que apuntó además a que “una simulación de este tipo a veces conlleva cierto grado de desconocimiento por parte del actuante y suele provenir de malos consejos”. Calculó hasta 300 casos de este tipo en la provincia de Valencia sobre un total de más de 3.000 en el ámbito estatal, aunque la mayoría “de muy escasa cuantía y en un 70% relacionados con un falso atraco con intimidación” y, en menor medida, daños irregulares a vehículos, un aumento fraudulento del importe realmente robado y/o con encubrimientos de pérdidas en timos o juego. “Un delito menor de estafa lleva aparejada una sanción penal de 6 a 12 meses, aunque cuando supera los 400 euros puede alcanzar los 18 meses”, explicó.

El comisario admitió que la Policía se reúne con las aseguradoras para cruzar información y comprobar antecedentes: “atajar estos casos es responsabilidad de todos. Debemos ayudarnos para que estas personas, en muchos casos ingenuas, no tengan que pasar por el mal trago de tener antecedentes”. Añadió que suelen recomendar a los corredores no meterse en problemas ni dar malos consejos, porque “no compensa conservar un cliente a costa de cometer un delito”.

D. José Vicente Gómez Tejedor, Defensor del Asegurado del Consejo autonómico de la Comunidad Valenciana, le reconoció al comisario que “la policía tiene un olfato especial para detectar las denuncias en las que desde un principio se vislumbra la posibilidad del fraude”, aunque hizo hincapié en que los juristas sí que estiman necesaria la voluntariedad, el “dolo” para que se pueda hablar con propiedad de “fraude”. Además, hizo extensible la presunción de inocencia a los propios mediadores, ya que realmente es difícil imaginar “que les merezca la pena colaborar en la comisión de un delito, y que lo hagan al menos de forma voluntaria”.

Por su parte, D. Pablo López, detective privado, comenzó su explicación con un contundente: “se estafa a una compañía de seguros porque es muy fácil”, y continuó explicando que a veces los mediadores, de forma voluntaria o involuntaria, ayudaban a la comisión de estos delitos simplemente al informar a sus clientes de los criterios que se siguen para que una compañía de seguros cubra el pago. Partiendo de la base de la sencillez de estas estafas, aseguró que suelen ser detectables sobre todo “por acumulación”, ya que existen tramas organizadas y sobre todo, “barriadas enteras que hacen de este tipo de fraudes un medio de vida, ya que en España es casi un tema cultural”, y citó el caso concreto de algunas zonas de Murcia que fueron protagonistas incluso de un programa de televisión con el que colaboró.

Llegado este punto, se focalizó el debate en la posibilidad de que se pudiera considerar también fraudulenta la actitud de algunas compañías de seguros al “negar de forma sistemática el pago de lo asegurado”. A esto D. Juan Bataller, catedrático de Derecho Mercantil, respondió que se considera competencia desleal y es equivalente a la coacción por parte de los bancos para contratar determinados seguros y que estaba contemplado legalmente como un delito, “aunque por supuesto otra cosa es demostrarlo”. Algo en lo que también pesa “la demora de los trámites judiciales”, por lo que propuso potenciar los métodos de resolución de conflictos extrajudiciales, sobre todo en el caso de pequeños problemas o figuras como El Defensor del Cliente en su versión europea o el “compliance officer” o Director de Cumplimiento Normativo. Recomendó ésta última dada la “especial complejidad del sistema legislativo actual” y “para evitar las escasas sentencias por responsabilidad civil que se producen contra mediadores, casi todas por desconocimientos, descuidos o malentendidos”. A pesar de esta escasez de sentencias, insistió en tener cuidado ya que los pleitos por responsabilidad civil están creciendo mucho en número “porque antes la gente se conformaba más y ahora es cada vez más reivindicativa”.

La también profesora Dña. M.ª Luisa Atienza centró su intervención en un aspecto particular que se estaba abriendo camino en el sector asegurador español: el aseguramiento de sanciones administrativas. La profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Valencia puso el acento en lo extraño que resulta este seguro para el ordenamiento español, ya que constituye un caso único “porque cubren los incumplimientos cometidos por el propio asegurado”. En su opinión, “a las compañías aseguradoras les interesa esta cobertura en algunos casos”, aunque advirtió que “tiene un encaje legal complicado”. Atienza comentó que este encaje era casi imposible sobre todo en el caso de “dolo” o voluntariedad demostrada, que no podría ser cubierto en ningún caso, y que habría que estudiar si es compatible con el principio de personalización de la pena y su carácter coercitivo.

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