Número 76

Riesgo penal del Mediador

Por José Vicente Gómez Tejedor, Abogado del departamento de Atención al Cliente del Consejo de Colegios Profesionales de Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana

La denominada “estafa de seguro” fue introducida en el art. 529.4 CP, como estafa agravada, a través de de L.O 8/83, de 25 de junio, pues el Legislador en la Exposición de Motivos de esta Ley mostró su aparente especial preocupación por el volumen de estafas de esta índole que se producían cada año. Se trataba de un “problema social” desde tiempos inmemoriales que era necesario atacar desde diferentes frentes. Las propias aseguradoras utilizaban la palabra fraude en lugar de estafa, incluso cuando aparecía tipificada específicamente la estafa de seguro, porque les daba miedo el término. Trasformar la mentalidad social relativa a la ausencia de criminalización de estas conductas constituía uno de los objetivos de política criminal de la reforma.

El problema de la estafa de seguro -tanto en el momento en que fue tipificada expresamente como en el momento actual- podía concretarse en dos extremos:
1º.- Existencia de un tipo penal confuso que no protegía adecuadamente al asegurador ni a la propia institución del Seguro, convirtiéndose así en inoperativo1.
2º.- Rechazo y recelo de los aseguradores para acudir a la vía penal y reprimir los fraudes motivado por: a) problemas de imagen y de técnica comercial y política económica de la Compañía; b) dificultad que supone probar la conducta defraudatoria del asegurado; c) resultados judiciales insatisfactorios en cuanto tipificación y punición; y d) el asegurador puede encontrarse con una querella criminal por calumnias.

No obstante, el Código Penal tipifica dos formas de participación en las que podrían incurrir los mediadores de seguros: 1ª) Artículo 28: […] b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado”; 2ª) Artículo 29: “Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos”.

La clave de la diferenciación entre ambas figuras en el fraude de seguro radica en no sólo se exige un comportamiento que sea un eslabón imprescindible en la maquinación engañosa ajena -elemento objetivo-, sino también el conocimiento -elemento subjetivo- de que la colaboración prestada está contribuyendo a la realización de un acto típico y antijurídico en el que concurren todos los elementos del delito , y la voluntad de colaborar con el autor -SSTS 334/97, 11-7; 856/05, 14-7-.

En la Jurisprudencia, se ha impuesto sobre la “teoría del dominio del hecho”, la llamada “teoría de la relevancia de la aportación”, es decir, lo que define el mediador como cooperador necesario es la importancia de su aportación en la ejecución del plan del autor. Si en el plan la cooperación resulta necesaria, será de aplicación el art. 28.2º.b; si no lo es, será de aplicación el art. 29. En cuanto al elemento subjetivo, atender al proceso motivacional del autor sobre si hubiera efectuado o no el hecho sin la contribución del cooperador, queda asociado a la importancia de la aportación.

1 Baste señalar que en los 12 años de tipificación penal de la “estafa de seguro” nuestro Tribunal Supremo la ha considerado de aplicación en no más de diez casos y para referirse a la falsificación del “parte de accidente” como documento mercantil – vid., por todas, las SSTS 956/1995, 3-10; 1581/1994, 8-9; 1780/1992, 15-7; STS 14–3-1991; STS 22-2-1985 -.

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