Asesoría jurídica/Número 75

El infraseguro en el sector del comercio

Concept logistique

 

Por Joaquín Mompó. Titular. Mompó Despacho Jurídico

El infraseguro como lo define la STS 28 de septiembre de 2011, entre otras sentencias y definiciones, obedece a una situación fáctica en la que el tomador declara un importe asegurable inferior al valor real del riesgo asegurado, con lo que se ahorra una parte sustancial de la prima, a lo que el legislador pone coto estableciendo una proporcionalidad entre lo asegurado y el valor de lo efectivamente asegurado por el tomador.

Su base legal la encontramos en el artículo 30 de la LCS que establece que “Si en el momento de la producción del siniestro la suma asegurada es inferior al valor del interés, el asegurador indemnizará el daño causado en la misma proporción en la que aquélla cubre el interés asegurado. Las partes, de común acuerdo, podrán excluir en la póliza, o con posterioridad a la celebración del contrato, la aplicación de la regla proporcional prevista en el párrafo anterior.” Y no es una cláusula limitativa que deba quedar sujeta a lo dispuesto en el art. 3 de la LCS (SAP Jaén de 25-01-2010; y STS, Sala 1ªde 3 de Abril de 2007) ya que puede pactarse su no aplicación, tal y como prevé el 2.º párrafo del art. 30 de la LCS. De ahí, que haya que acudir a las condiciones particulares y generales de la póliza para determinar si se ha excluido o no la aplicación de dicha regla proporcional.

El infraseguro es un problema que siempre ha preocupado y acompaña a la actividad aseguradora, en particular la dedicada a los sectores que poseen stocks y especialmente a los pequeños, medianos comerciantes y fabricantes en general.

Esta preocupación es común a todas las partes intervinientes en la contratación de los correspondientes seguros y, desde el punto de vista jurídico, la labor de la mediación es esencial para conseguir la cobertura más conveniente que garantice lo que se quiere asegurar y lo que se asegura en realidad.

Como es obvio es un tema que las compañías controlan o deberían de controlar dentro de sus protocolos, pero no así siempre lo hacen los tomadores de seguros o asegurados, que a veces, no aseguran o infra asegurar sobre todo los stocks o mercaderías a veces por desconocimiento, otras por descuido o por interés.

En cuanto a las compañías, debemos apuntar que no cabe duda que, aunque sea en pequeña medida, es un tema que posiblemente controlarán aun más si cabe atendiendo a la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEAR) que ya entró en vigor el 1 de enero de 2016, a falta de la disposición final 9 que lo hará el 1 de julio de 2016. Entre otros artículos de esta ley, que tienen relación con el tema podemos encontrar: Art. 5: “Operaciones prohibidas a las entidades aseguradoras.1. Quedan prohibidas a las entidades aseguradoras las siguientes operaciones: a) Las que carezcan de base técnica actuarial; Art. 66: Sistema de gestión de riesgos, evaluación interna de riesgos y solvencia, sistema de control interno y funciones del sistema de gobierno”; Artículo 69. “Provisiones técnicas”; Artículo 70. “Exigencia de incremento del importe de las provisiones técnicas”; Artículo 94. “Tarifas de primas y bases técnicas”; Artículo 95. “Control de las pólizas, tarifas y documentación técnica de la actividad”; Art. 99 “Protección de datos de carácter personal.- 7. Las entidades aseguradoras podrán establecer ficheros comunes que contengan datos de carácter personal para la liquidación de siniestros y la colaboración estadístico actuarial con la finalidad de permitir la tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios de técnica aseguradora,…También podrán establecerse ficheros comunes cuya finalidad sea prevenir el fraude en el seguro sin que sea necesario el consentimiento del afectado”; etc.

Por otro lado, atendiendo al comerciante o industrial que contrata, debemos recalcar las cuestiones que son esenciales para su negocio:

  • En primer lugar, hay que controlar y decidir, según la política de la empresa la adecuación o no entre suma asegurada y valor del interés asegurado. A efectos de entender esta cuestión señalamos la SAP Valencia de 29 enero 2008, en la que se define el capital asegurado como “la cifra que el asegurador y el asegurado consignan en la póliza con una doble finalidad: fijar convencionalmente el importe máximo de la indemnización que el asegurador puede verse compelido a pagar si el siniestro se produce y, de otro lado, servir de base para el calculo de la prima que debe pagar el asegurado que aumenta o disminuye conforme lo hace el capital asegurado. En los seguros contra daños la suma asegurada y el valor de interés son variables en función de lo pactado por las partes y no siempre coinciden exactamente, sino que puede darse la situación de que la suma o capital asegurado sea inferior al valor del interés asegurado, en cuyo caso la cobertura estipulada en la póliza no cubre la totalidad del daño que puede producir el siniestro”. Por tanto, es una cuestión esencial que el mediador ayude a determinar el valor del interés asegurado en este tipo de seguros. Es decir, en principio el importe de la suma asegurada suele adecuarse al valor del interés asegurado, como regla general e ideal (así la LCS tiene para ello establecidos los artículos 30 y 31) pero en la práctica se da con frecuencia la no adecuación, muchas veces desde el instante mismo de la contratación por que así lo deseen los contratantes. Otras veces la inadecuación se da de manera sobrevenida e involuntaria, ya que si atendemos a los arts. 8.5 y 27 de la LCS la suma asegurada es una declaración de voluntad que permanece inalterada. Y no debemos de olvidar que la suma asegurada marca la prima a satisfacer y el limite máximo a indemnizar.
  • En segundo lugar, las partes pueden convenir de manera expresa que la suma asegurada cubra plenamente el valor del interés asegurado durante la vigencia del contrato (art.29 LCS) según los siguientes requisitos: cobertura plena del interés asegurado, por toda la vigencia del contrato y mediante pacto expreso. Además deberán constar necesariamente los criterios de adecuación. El efecto de estas clausulas de estabilización es que no será necesario probar el valor del interés asegurado en caso de siniestro y no se aplicará la regla de proporcionalidad asegurándose la indemnización al valor del interés asegurado (SAP Guipúzcoa 14/01/2000) (Para curiosos e interesados sobre la fórmula matemática de la regla proporcional citamos la SAP de Valencia de 24/02/2000)
  • En tercer lugar, Las partes pueden acordar también la no aplicación de la clausula de estabilización en cualquier momento (Art. 30, párrafo 2º, en relación con el art. 2 LCS)
  • En cuarto lugar, incumbe al asegurado la prueba del siniestro y de la preexistencia de los objetos”.
  • En quinto lugar, la carga de la prueba del infraseguro corresponde a las compañías aseguradoras. En dicho sentido, entre otras, la SAP de Soria de 3-07-09 determina que “es necesario demostrar que ha existido un infraseguro o lo que es lo mismo que el valor real de la suma asegurada era notoriamente superior a la descrita en la póliza”.
  • En sexto lugar, el procedimiento extrajudicial para la liquidación del daño que contempla el art. 38 de la LCS que en principio tiene carácter imperativo, si hay mutuo incumplimiento o de una de las partes, impide a cualquiera de los incumplidores reprochar al otro acudir al procedimiento judicial (en este sentido, Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1992 y 22 de enero de 1999).”
  • En séptimo lugar, importancia de la contabilidad del asegurado y de la prueba pericial.

A la hora de valoración de la prueba son los documentos contables lo que los tribunales tienen en mayor consideración (Sala 1ª TS de 30 de mayo de 1986), dicha sentencia , entre otras, establece que para que el asegurado cumpla con la carga de prueba respecto a la existencia de los objetos asegurados que le impone el art. 38 de la LCS, con la presentación de las facturas correspondientes que conoció el perito.

Por tanto, la documental en general y cumplir en particular con los requisitos legales en cuanto a la llevanza de la contabilidad es fundamental y facilita la labor probatoria, tanto a los abogados, como a los peritos en su labor pericial, al margen de que el artículo 38.2 de la LCS, establece la presunción probatoria a favor del asegurado al establecer que: “…no obstante, el contenido de la póliza constituirá una presunción a favor del asegurado cuando razonablemente no puedan aportarse pruebas más eficaces”. Presunción que queda atenuada cuando de lo que se trata es de seguro de mercaderías (STS de 5/10/1994).

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