Asesoría jurídica/Número 71

Procedimiento pericial extrajudicial

image003Alfredo Barber. Abogado
Beneyto Despacho Jurídico

¿Qué ocurre cuando se discrepa entre compañía aseguradora y asegurado sobre la cuantía económica de la indemnización tras producirse un siniestro?

Es cierto que, si en todas las ocasiones en las que se produjera un siniestro se cumpliera el supuesto recogido en el párrafo tercero del art. 38 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (en adelante LCS), daríamos por concluido el problema; “Si las partes se pusieren de acuerdo en cualquier momento sobre el importe y la forma de la indemnización, el asegurador deberá pagar la suma convenida…”.

Por ello, y con el propósito de darle respuesta a la cuestión planteada, el art. 38 de la LCS (calificado en muchas ocasiones como uno de los preceptos más complejos de la normativa aseguradora, lo cual ha llevado a una gran litigiosidad) establece, con carácter imperativo y de obligado cumplimiento, un mecanismo previo a la vía jurisdiccional para la liquidación del daño, dirigido primordialmente para facilitar el acuerdo entre el asegurado y asegurador a la hora de determinar la indemnización correspondiente derivada del siniestro.

Llegados a este punto es importante subrayar que, pese a existir cierta controversia jurisprudencial en este sentido, la gran mayoría de los Tribunales concluyen señalando que; “Si la discrepancia se fundamenta en si el siniestro está o no cubierto por la póliza, o es de aplicación una determinada causa de exclusión, no procede continuar con el trámite pericial, pues no es competencia de los peritos la interpretación del contrato, y la determinación de si un concreto evento figura en el ámbito de cobertura de lo pactado [TS de 4 de septiembre de 1995 y 26 de octubre de 1998]” (AP de A Coruña (secc. 3ª) de 1 de marzo de 2103, entre otras muchas).

De tal manera que, si las partes discuten sobre si se debe o no indemnizar en el siniestro (es decir, sobre la cobertura del mismo), el procedimiento perderá su carácter imperativo en cuyo caso estará abierta la vía judicial.

Antes de introducirnos en el contenido, plazos y requisitos del citado procedimiento extrajudicial también debemos subrayar que, el art. 38 de la LCS (norma incardinada en la Sección destinada exclusivamente a los seguros contra daños) regula este mecanismo extrajudicial únicamente en los supuestos de seguros contra daños y en el supuesto contemplado en el art.104 LCS de seguros de personas (respecto del grado de invalidez en un seguro de accidentes), aunque podrá ser utilizado para seguros distintos, siempre que el sometimiento al mismo se pacte de forma expresa y de mutuo acuerdo.

Una vez queda claro que el denominado procedimiento pericial extrajudicial recae sobre los siniestros producidos en el ámbito del seguro contra daños (con la referida excepción) y que el objeto del mismo debe centrarse en el quantum indemnizatorio, conviene conocer cuáles son los supuestos recogidos en el reiterado art. 38 de la Ley de Contrato de Seguro:

Si no existe conformidad por ambas partes dentro del plazo establecido en el art. 18 de la LCS (cuarenta días desde la recepción de la declaración del siniestro), se prevé la designación de un perito por cada una de las partes a efectos de elaborar un informe pericial de los daños ocasionados. Dicho perito deberá aceptar por escrito su nombramiento y ello se comunicará a la otra parte, a la cual se le requerirá para que nombre al suyo en el plazo máximo de ocho días. Si no cumple este requisito se establece la presunción iuris et de iure, quedando vinculado por el primer dictamen (entre otras muchas, sentencia de AP de Lugo 10 de noviembre de 2004).

Si ambos peritos están de acuerdo, redactarán un acta conjunta (acta de conformidad) en la que conste, como mínimo, la propuesta económica de indemnización, fundando la misma en base a todas las causas del siniestro y circunstancias que hayan influido en su determinación.

Insurance Agent Examining Car After Accident

En caso de no llegar a un acuerdo entre los peritos nombrados por cada una de las partes, se prevé la designación de un tercer Perito, el cual será designado por ambas partes de conformidad o, en caso contrario, por designación judicial en acto de jurisdicción voluntaria por el Juez de Primera Instancia (siguiéndose los trámites previstos en el art. 341 de la LEC).

Una vez nombrado el tercer perito y aceptado el cargo emitirá, junto a los otros dos anteriores nombrados por las partes, un dictamen aprobado por unanimidad o por mayoría, en el plazo establecido por las partes y, en su defecto, en el de treinta días desde la aceptación del cargo.

De conformidad con el art. 39 de la LCS cada parte abonará los honorarios de su perito y la mitad de los del tercer perito.Este dictamen pericial será vinculante para las partes, sin perjuicio de poder ser impugnado judicialmente por alguna de ellas dentro de los plazos establecidos, debiendo tener muy en cuenta que, transcurridos estos plazos, el dictamen devendrá inatacable para impugnar (“dentro del plazo de treinta días para el asegurador y ciento ochenta –seis meses- en el del asegurado, computados ambos desde la fecha de su notificación”).

En definitiva, la LCS establece un procedimiento extrajudicial con carácter imperativo (en el que las partes no son libres de someter directamente al órgano judicial los problemas que origine la liquidación del siniestro) cuando no se logra acuerdo entre las mismas en la determinación de la cuantía indemnizatoria, cuya finalidad será intentar una liquidación lo más rápida posible del siniestro así como evitar dilaciones mayores derivadas del proceso judicial (originándose un menor coste y una mayor transparencia).

Para concluir cabe destacar el trascendental papel de los peritos (protagonistas indiscutibles en la resolución del siniestro que, por alguna causa o incidencia, no ha sido resuelto pacíficamente conforme a los arts. 16 y 18 de la LCS) y la importancia del dictamen emitido dado que, el mejor preparado en la técnica pericial y en los conocimientos del seguro, puede ser garantía de éxito influyendo decisivamente en el presente procedimiento y, por último, el cierto favoritismo que parece otorgar la norma al asegurador, indudablemente más acostumbrado a tramitar y liquidar siniestros por su actividad profesional.

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